Por Roberto Ramos Contreras
Posibles violaciones a las propias reglas de licitación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la adquisición de lavadoras industriales motivaron una denuncia presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, donde empresarios mexicanos solicitaron revisar a fondo el procedimiento.
La licitación LA-50-GYR-050GYR975-T-4-2026 de lavadoras industriales para el IMSS generó cuestionamientos luego de que la empresa Sidellus, marca líder en la industria, presentó información ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y solicitó una revisión exhaustiva del procedimiento.
De acuerdo con la documentación entregada por la empresa, el fallo emitido el 23 de octubre 2026 adjudicó las partidas 1, 2 y 3 a Servicio y Administración para Lavanderías, S.A. de C.V., en participación conjunta con Servicios para Lavanderías, S.A. de C.V. (Sertec), por un monto superior a los 20 millones de pesos con IVA.
La inconformidad gira en torno a dos aspectos centrales. El primero se refiere al origen de los equipos. Según la denuncia, las bases establecían que sólo podrían admitirse bienes originarios de países con los que México mantiene acuerdos comerciales, condición que no se cumple en este caso.
La segunda inconsistencia revelada es que en la adjudicación denunciada se ofertaron 213 equipos y, aunque se acreditó personal únicamente para una parte de ellos, la propuesta continuó en el proceso de evaluación y finalmente obtuvo la adjudicación.
Los documentos entregados a la autoridad sostienen que los requisitos de personal especializado son indispensables dentro del proceso de evaluación técnica. Esto porque la capacidad de instalación, puesta en marcha y mantenimiento de las lavadoras formaba parte de los criterios establecidos para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura hospitalaria.
También, durante el procedimiento se realizaron consultas formales para aclarar el alcance de los requisitos y el instituto precisó la forma en que debían acreditarse ingenieros y técnicos especializados. Sinn embargo, la evaluación final no observó los mismos criterios comunicados previamente a los participantes.
El caso adquiere relevancia porque los objetos de la licitación están destinados a servicios estratégicos dentro de la operación hospitalaria. Por ello, es de interés público verificar que el origen de los bienes, la capacidad técnica de los proveedores y el cumplimiento de los requisitos establecidos se apeguen a las condiciones fijadas en la convocatoria de licitación.
Vale mencionar que ya existían antecedentes y denuncias previas relacionadas con el origen de equipos similares. Incluso, diversas observaciones fueron notificadas con anterioridad a instancias de control y fiscalización.
Ante estos elementos, Sidellus solicitó a las autoridades competentes revisar integralmente el procedimiento, analizar la actuación de los evaluadores y determinar si la adjudicación se ajustó a las disposiciones legales y técnicas aplicables.
Hasta el momento, la información presentada constituye una denuncia de parte y corresponde a las autoridades competentes determinar la existencia de irregularidades y posibles consecuencias administrativas o legales que pudieran derivarse del caso.
