El pasado 27 de marzo de 2026, tribunales de la Ciudad de México emitieron una sentencia definitiva que puso fin a seis años de litigio sucesorio al ratificar a Rosa María Rubio Zepeda como heredera universal del empresario Carlos de Jesús Aguirre Gómez, expropietario de Grupo Radio Centro.
La resolución desestimó, por segunda ocasión, las impugnaciones promovidas por los hijos del primer matrimonio del empresario, Juan Carlos, Alejandra y Sofía Aguirre Corcuera.
Sin embargo, apenas cuatro días después de esta decisión judicial, el 31 de marzo, Rubio Zepeda fue detenida en Miami, Florida, por motivos migratorios, en un contexto en el que existe una orden de aprehensión emitida en diciembre de 2024 por un juez de control de la Ciudad de México por el presunto delito de secuestro agravado.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostiene que la viuda habría privado de la libertad al empresario durante nueve años para forzar cambios en su testamento. No obstante, documentos financieros y registros fotográficos presentados por la defensa muestran que el empresario mantuvo convivencia familiar y actividad financiera durante ese periodo.
Entre las evidencias se encuentran estados de cuenta de American Express que registran gastos realizados en Chicago en septiembre de 2017 con extensiones de tarjeta utilizadas por sus hijos, en establecimientos como Nordstrom, Sephora y diversos restaurantes.
También existen fotografías que documentan encuentros familiares en centros médicos de Chicago, entre ellos el Shirley Ryan Rehabilitation Lab y la Cleveland Clinic, mientras el empresario se recuperaba de un derrame cerebral.
Además, una fotografía fechada en noviembre de 2018 muestra al empresario conviviendo con familiares, mientras que una declaración ministerial de su hija Sofía Aguirre Corcuera señala que lo vio “sano y bien de salud” el 12 de septiembre de 2020, un día antes de su fallecimiento.
El acta de defunción confirma que Aguirre Gómez murió por causas naturales: un infarto agudo al miocardio derivado de cáncer de pulmón y una cardiopatía valvular de larga evolución.
Cabe destacar que la denuncia penal por secuestro agravado fue presentada en diciembre de 2020, tres meses después del fallecimiento del empresario y tras iniciarse el proceso sucesorio.
La defensa de Rubio Zepeda sostiene que la secuencia de acciones judiciales coincide con la disputa patrimonial y afirma que el expediente penal se sustenta principalmente en testimonios de herederos con interés económico directo en el caso.
