GOBIERNO DE CALIDAD/ Impunidad en México

Por Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista y director general de Gobierno de Calidda, consultoría de políticas públicas.
Permanece como la eterna sombra de la injusticia mexicana. Y esa impunidad cada vez se vuelve más densa
Hoy, sólo 1 de cada 10 casos se resuelve en México mientras 93% de los delitos en el país no se denuncian, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI.
El Índice de Impunidad Penal Institucional (IIPI), elaborado por México Evalúa, estima que 89.42% de los casos que el sistema debía resolver en 2024 no obtuvieron una solución efectiva.
En tanto, existe una brecha estructural entre seguridad y justicia: se registraron 8.8 millones de reportes de delitos a los números de emergencia 911 y 089, y solo 2.15 millones de denuncias ante fiscalías.
¿Por qué el 93% de los delitos en México no se denuncia formalmente ante las fiscalías?
1. Desconfianza profunda en las instituciones. El 63% de las personas que no denuncian lo hacen por desconfianza o porque consideran inútil hacerlo. Esto incluye miedo a represalias, percepción de corrupción, o experiencias previas negativas.
La ciudadanía asume que denunciar no cambia nada: la mayoría de los casos se archivan o se pierden en el sistema.
2. Otra razón es la impunidad estructural. De cada 100 delitos, solo 7 se denuncian, y de esos, solo 0.77% se resuelven. Es decir: incluso cuando denuncias, 99.23% no llega a una resolución efectiva. Apenas 6% de las carpetas llega ante un juez. El resto se queda atorado en la etapa de investigación inicial.
La tercera razón es el rezago monumental en fiscalías. Entre 2019 y 2024, los casos pendientes se duplicaron: hoy hay más de 2.6 millones de carpetas sin resolver. El “archivo temporal” se convierte en una práctica común: en algunos estados, hasta 75% de los casos se archivan, lo que suspende indefinidamente la investigación.
Una cuarta razón son los procesos desgastantes y poco accesibles. Denunciar implica trámites largos, tiempos de espera, revictimización y falta de acompañamiento.
Muchas personas consideran que el costo emocional y temporal no vale la pena frente a la baja probabilidad de justicia.
Y la quinta razón es devastadora: la normalización social del delito
En ciertos contextos, delitos como robos menores, extorsiones o agresiones se perciben como “parte de la vida cotidiana”. Esto genera una cultura de resignación: “¿Para qué denunciar si no pasará nada?”
La cifra negra del 93% no es un misterio: es el resultado de un sistema que no protege, no investiga y no resuelve. La ciudadanía responde racionalmente a esa realidad: si denunciar no produce justicia y denunciar deja de ser una opción.